El excanciller Ignacio Walker (exDC) cuestionó en Cooperativa la propuesta del Ejecutivo que busca obligar a entidades de salud y educación a reportar a migrantes irregulares, calificándola como “inmoral y aberrante”.
En El Primer Café, Walker manifestó que “esta medida que se ha anunciado es inmoral y aberrante, porque el fin no justifica los medios, esa es la base de la ética. No por perseguir a la migración irregular lo voy a hacer a costa de la privación, la falta de acceso, a derechos sociales fundamentales como el tema de salud, educación y previsión”.
“A una mujer que está a punto de dar a luz, que llega a un recinto hospitalario, yo le voy a preguntar si es regular o irregular, y si es irregular la voy a privar de esa prestación, o voy a sacrificar a los niños que acceden a un colegio, generalmente a un colegio público, y además todo esto agravado por lo que pretende el gobierno de transformar a la migración irregular en delito“, sostuvo.
Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) recalcó que “claramente los costos en educación y en salud han subido producto de la inmigración, pero está en los derechos humanos más básicos que la población, independientemente de su origen, tenga acceso a estas cuestiones necesarias para preservar la vida”.
“Es muy necesario que controlemos la migración irregular, pero me parece que esta forma de hacerlo da lugar a discriminación y a potenciales aberraciones humanitarias que simplemente no puedo aceptar”, insistió.
Oficialismo defiende nuevas herramientas
El también exministro Cristián Monckeberg (RN) aseveró que “en materia de migración yo creo que se están haciendo cosas que no se hicieron en gobiernos anteriores, porque si yo hago más de lo mismo evidentemente no va a resultar. Había cosas desde el punto de vista administrativo, interno, de funcionamiento de la oficina de Migraciones que requerían de mejora”.
“Es un planteamiento que merece el análisis, merece el diagnóstico y yo creo que va en la línea correcta. Si yo quiero intentar tener una migración ordenada, que cumpla con la ley, tengo que buscar las maneras de fiscalización para que la inmigración que fue desordenada o que ingresó de cualquier forma y que está haciendo uso de los beneficios sociales de manera importante tenga un cierto grado de fiscalización, porque o sino entrar a Chile de forma desordenada y de manera ilegal es fácil”, agregó.
Finalmente, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, dijo que “sin duda es un tema complejo que despierta pasiones y acá hay un tema de fondo, nuestras fronteras son tremendamente porosas y ha habido un esfuerzo en tratar de reducir esa porosidad, con la zanja y otros mecanismos”.
“A mí me parece razonable buscar alternativas que se complementen (…) hay muchas preguntas que responder y ver esta medida en términos más amplios (…) hay que buscar herramientas que desincentiven a esa gente que quiere entrar ilegalmente a nuestro país para aprovecharse de ciertos beneficios o de una red estatal en materia de educación o de salud”, sentenció.
