La coordinación de múltiples políticas alimentarias -incluyendo el etiquetado de advertencia en la parte frontal de los envases, las restricciones de publicidad y las regulaciones sobre la alimentación escolar- tiene “un impacto real” en la reducción de la obesidad infantil, según un estudio publicado en The Lancet.
El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, analiza la influencia de las acciones complementarias adoptadas en Chile y dirigidas a los productos alimenticios con alto contenido en grasas, sal y azúcar, incluidas en la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos.
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Chile, menciona la revista, se encuentra entre los países con tasas más altas del mundo de sobrepeso y obesidad infantil. Para combatir este problema, en 2016 implementó una de las políticas alimentarias “más completas y ambiciosas del mundo”, en referencia a la citada ley.
Esta se centra en los alimentos y bebidas con alto contenido en azúcares, grasas saturadas, sal o calorías a través de tres medidas fundamentales: sellos de advertencia obligatorios en la parte frontal del envase en forma de octógonos negros, restricciones a la venta de dichos productos en las escuelas y límites a la promoción comercial de alimentos dirigida a los niños.
“Un conjunto de políticas puede reducir el riesgo de sobrepeso”
Guillermo Paraje, catedrático de Economía de la Escuela de Negocios de la citada casa de estudios, afirmó que aunque medidas nacionales individuales, como los impuestos sobre el azúcar en las bebidas, se han asociado con mejores resultados de salud, “este es el primer estudio que demuestra de forma plausible que un conjunto de políticas puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la primera infancia a nivel nacional”.
Para el análisis se utilizaron datos nacionales de más de 321 mil escolares de entre cuatro y seis años, con el objetivo de comparar el peso de los niños en los años anteriores a la introducción de la ley, con el peso y la estatura de los menores tras la entrada en vigor de la primera fase de la norma en 2016.
El estudio reveló que aquellos que asistieron a la escuela durante 18 meses tras la introducción de la fase 1 tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los menores de los mismos cursos antes de la ley. Las niñas tenían un riesgo un 2,9% menor de tener sobrepeso u obesidad, mientras que los niños un 2,4% menor.
El trabajo también encontró un impacto causal plausible tras solo seis meses de exposición; las niñas presentaban un riesgo un 1,9% menor de sobrepeso u obesidad y los niños un 2,2%.
Si bien el impacto puede parecer modesto, los autores afirman que estos hallazgos proporcionan un respaldo crucial basado en la evidencia para los responsables políticos de todo el mundo que están considerando políticas alimentarias para abordar la epidemia de obesidad infantil.
Es posible -agregaron- que el endurecimiento adicional de la ley en años posteriores haya aumentado el efecto (las fases 2 y 3 establecen límites más estrictos para azúcares, grasas saturadas, sal o calorías).
Además, “es probable que incluso una pequeña reducción de peso en los niños aporte beneficios significativos para la salud a largo plazo, dada la fuerte relación entre la obesidad infantil y el riesgo posterior de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares”, apunta Nieves Valdés, autora también del trabajo.
