Hasta el peldaño de la Fiscalía Nacional llegó el ministro de Justicia, Fernando Rabat —junto al subsecretario Luis Silva—, luego de que los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaran una denuncia penal en su contra, a raíz de la controversia por las rebajas de sentencia a condenados por delitos sexuales contra menores.
De acuerdo a lo informado por ADN Radio, los parlamentarios sostienen que la entrega de estas rebajas podría constituir prevaricación administrativa, pues, a su juicio, el Gobierno otorgó beneficios que la normativa vigente obligaba a denegar.
En el documento, los denunciantes apuntan directamente contra Rabat y Silva, a quienes atribuyen una posible responsabilidad penal por “el delito de prevaricación administrativa establecido y sancionado en el artículo 228 del Código Penal”.
“El ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebaja de condenas a pederastas”, sentenció el diputado Cuello, afirmando que Rabat habría actuado en contra de la legislación actual.
Apuntan contra actuar “arbitrario, ilegal y caprichoso” de Rabat
“Lo que estaba obligado a hacer, según la ley, expresamente era negarle el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas. La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que en modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos delitos aberrantes”, complementó.
Asimismo, el parlamentario apuntó a que “lo que hizo el ministro fue decidir de forma arbitraria y también ilegal y caprichosa que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema. Esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración, solamente la sentencia rige el caso concreto”,
Por otro lado, además de la ofensiva judicial contra el secretario de Estado, los legisladores exigieron su salida del cargo. “El ministro no tenía opción, no era optativo aplicar la ley o no aplicarla”, sostuvo Cuello, insistiendo en que “lo que cabe acá, sin duda, es que el ministro renuncie a su cargo y dé un paso al costado”.
Recordemos que el recurso surge tras la polémica generada por los beneficios otorgados a condenados por agresiones sexuales contra menores de edad, decisiones que han motivado reparos desde diversos sectores.
