Una nueva controversia surgió en torno al mecanismo implementado por Hacienda para acelerar la aprobación de grandes proyectos de inversión. Recordemos que el debate se encendió luego de que CIPER revelara que el plan impulsado por el ministro Jorge Quiroz para reducir la llamada “permisología” habría favorecido directamente una iniciativa vinculada a su hermano.
Así, tras el cuestionado avance del proyecto inmobiliario ligado a la familia del secretario de Estado, un nuevo caso se incorporó a la discusión. Se trata de la iniciativa minera Planta de Producción de Sales de Potasio del Grupo Errázuriz, ubicada en el Salar de Atacama, que recibió la aprobación del Comité de Ministros en mayo —pese al pronunciamiento desfavorable de Sernageomin— y que contempla recursos por US$142 millones.
Tras 17 años sin obtener los permisos necesarios, según reveló CIPER, el plan consiguió destrabar su aprobación. Durante cuatro gobiernos, el proyecto había enfrentado rechazos por no presentar antecedentes suficientes respecto de eventuales impactos sobre las aguas subterráneas. Esta vez, su tramitación contó con el respaldo del Comité de Proyectos, creado bajo la gestión de Jorge Quiroz para contrarrestar la llamada “permisología” y acelerar inversiones.
La historia de Quiroz y el conglomerado
El antecedente que vincula a Quiroz con la compañía se remonta a 2025, cuando la minera encargó a Quiroz & Asociados un análisis sobre una posible alianza estratégica en torno al litio. La firma había sido anteriormente la consultora del actual ministro, situación que ahora genera cuestionamientos políticos.
Entre quienes participaron en la elaboración del informe figura Tomás Bunster, actual coordinador de Regulación Económica de Hacienda. Y no solo eso, sino que además cumple un rol clave en el seguimiento de los procesos de evaluación ambiental.
Por otro lado, las alertas técnicas no fueron suficientes para frenar la aprobación del proyecto. Entre marzo y abril de 2026, Sernageomin manifestó en reiteradas ocasiones sus dudas ante un posible escenario de contaminación, reparos que finalmente fueron ignorados por los ministros de Agricultura, Medio Ambiente, Economía y Salud.
Al final, la resolución determinó que el análisis sobre los recursos hídricos quedara pendiente para una fase posterior de carácter sectorial. De este modo, dicha exigencia dejó de formar parte de la evaluación ambiental del proyecto.
