El anuncio, por parte del Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, de la creación de un “Registro de Vándalos e Incivilidades” ha generado amplio debate sobre los límites que debería tener esta política.
En El Primer Café, el diputado Raúl Leiva (PS) manifestó que “es un anuncio, hay que ver cuál es la bajada, pero es un tema muy complejo, porque el catálogo que plantean originalmente, desde una persona que hace un rayado hasta alguien que atenta contra un carabinero, esas conductas son muy diversas y el reproche que se le hace son muy distintos, no pueden ser lo mismo”.
“Es muy difícil la persecución de estas personas. Todos sabemos que se raya, pero cómo se persigue, cómo se individualiza, las posibilidades de detención por flagrancia son mínimas. Existe un problema, y grave, sobre todo con el tema de los rayados, uno entiende que tenga alguna sanción asociada y esa sanción la establece hoy el Código Penal como una falta, como actividad delictual”, añadió.
Por su parte, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó que “queda un espacio que puede ser muy discrecional. Cuando hablamos de incivilidades y estas no son delito, por tanto no están vinculadas al Poder Judicial, ¿quién va a determinar las incivilidades? ¿La autoridad político administrativa? ¿Qué nivel de discreción va a existir al respecto?”.
“Cuando asociamos que la sanción para alguien que altera el funcionamiento (de la ciudad), una cosa es el que necesita un recurso de política social del Estado y el otro, que puede hacer exactamente el mismo rayado y alteración, pero que no lo necesita”, añadió.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Stephan Schubert planteó que le “parece positivo esto planteado del registro de personas que cometan distintas incivilidades. Obviamente vamos a tener que ver el detalle de la propuesta, así también como la discusión en el Congreso”.
“Creo que es algo que puede parecer menor, pero que el impacto puede ser mayor y esto tiene que ver con cambiar las conductas de la sociedad. En el fondo es que algo que parezca menor y que claramente no es delito, como rayar por supuesto un monumento, es grave y puede generar un ambiente (…) eso modela conductas y puede tener un impacto en la forma en que la sociedad se está comportando en cuanto a ese tipo de cosas”, agregó.
Finalmente, el diputado Eduardo Cretton (UDI) recordó que “hay un principio que es fundamental, que aquel que comete un delito contra la autoridad o contra lo que es de todos no puede pretender que después se le paguen beneficios sociales con cargo a lo que es de todos”.
“Me parece que esta es una buena medida que va a atacar directamente las incivilidades, pero tiene razón el diputado Leiva cuando dice ‘por qué para algunos casos y no para otros’, y ese es el debate de fondo, si es que nosotros queremos seguir financiando derechos sociales a aquellos que atentan contra la comunidad“, valoró.
