En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, cuestionó este jueves al Gobierno por su manejo de la polémica rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y acusó al Ejecutivo de trasladar la responsabilidad al Poder Legislativo, en medio de las presiones para impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
“Creo que el Ejecutivo nos está traspasando la carga a nosotros en el Legislativo para ocupar una herramienta que creo que no debería utilizarse en este sentido“, dijo el parlamentario, al explicar su postura frente al eventual juicio político contra el secretario de Estado.
El diputado aclaró que su abstención en la votación de una resolución que solicitaba la renuncia de Rabat no anticipa una posición definitiva, y aseguró que, si el PDG hubiera estado en el poder, “probablemente en 24 horas hubiese estado fuera el ministro”.
“En lo comunicacional y en lo político, creo que, evidentemente, este Gobierno defraudó a sus votantes, entendiendo que dijeron que siempre iban a estar del lado de las víctimas. Creo que deberían haber agotado todas las instancias antes de conceder -o que les obligaran a conceder- rebaja a violadores y abusadores de niños”, afirmó.
Pese a sus críticas, Valenzuela sostuvo: “No estoy de acuerdo en una acusación constitucional con los antecedentes que tengo hasta ahora”.
El dirigente considera que el ministro “actuó bajo las facultades” que posee, aunque, a su juicio, de modo “equivocado, errado”.
Consultado sobre la postura del PDG frente a la acusación constitucional, el jefe de bancada reconoció que existen “miradas disímiles” entre los parlamentarios, y anticipó: “Cuando hay mucha controversia -como intuyo que va a ocurrir en este caso-, lo que termina ocurriendo es que impera la libertad de acción, dado, además, que cada diputado tiene que votar en conciencia“.
Priorizar una solución legislativa para “cerrar la brecha”
El jefe de bancada del PDG planteó que el Congreso debe concentrar sus esfuerzos en modificar la legislación para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a beneficios que, según el espíritu de la ley de 2022, se buscaba restringir.
“Tengo dos opciones: o me obstino en tratar de botarle (al Presidente José Antonio Kast) el ministro, hacerle la vida imposible y ganarme un punto político, pero tengo la intuición de que eso no es lo que necesitan las víctimas; lo que necesitan las víctimas es que nosotros estemos con toda la energía abocados a legislar; a tratar de cerrar la brecha; a que los violadores no sigan recibiendo beneficios. A mí eso es lo que me parece serio y irresponsable”, sostuvo Valenzuela.
Sin embargo, también advirtió sobre las dificultades jurídicas para revertir las rebajas de condena ya concedidas.
“Hay juristas que dicen que es prácticamente imposible, porque hay cosa juzgada; entonces, desde el punto de vista del derecho, es difícil ir contra algo que ya se juzgó“, admitió, agregando que, asimismo, el principio de irretroactividad podría “chocar” con una nueva ley respecto de hechos anteriores a su promulgación.
Por ello, el diputado advirtió que el resultado final podría depender de la interpretación que adopte la Corte Suprema.
“A nosotros no nos están pidiendo que haya una mirada, una forma de funcionar, pero ni en la Suprema la tienen: va a depender de quién componga la corte para saber si van denegando esta lógica de a los violadores bajarles las condenas o decirles: ‘No, usted llega hasta el final'”, remarcó.
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