El acceso al contenido de los dispositivos electrónicos incautados a la senadora RN, Camila Flores, abrió un nuevo frente de disputa entre su equipo jurídico y el Ministerio Público, cuyos intereses han chocado en torno al manejo de esa información.
Recordemos que la disputa se desarrolla bajo la causa conocida como “Cuota Flores”, donde la Fiscalía indaga un eventual fraude al fisco mediante el uso irregular de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias.
En ese contexto, según consignó Meganoticias, Samuel Donoso y Luis Masferrer, abogados de la senadora, acudieron al Juzgado de Garantía de Valparaíso para solicitar que se establezcan restricciones sobre el manejo de la información extraída de los dispositivos incautados, especialmente respecto de quiénes pueden revisar los mensajes y bajo qué condiciones.
Y es que el equipo jurídico de Flores sostiene que la Fiscalía ha desatendido las directrices establecidas por la Corte Suprema en una resolución del 25 de septiembre. Entre otras disposiciones, el máximo tribunal restringió el uso de información anterior a la primera elección de la senadora al Congreso, exigió individualizar a los funcionarios autorizados para revisar los dispositivos y ordenó borrar los registros que no aporten antecedentes relevantes para la causa.
¿Qué dispositivos tiene en su poder la Fiscalía?
Cabe destacar, que la incautación incluyó una amplia variedad de equipos y soportes digitales: desde el celular y los computadores personal e institucional de la parlamentaria, hasta dos dispositivos que contienen todos los correos electrónicos de las cuentas identificadas. A estos se suman un computador portátil, un iPhone y otros ocho medios de almacenamiento de información.
Aunque la Fiscalía comunicó al tribunal las acciones implementadas para proteger los antecedentes extraídos de los equipos, la defensa consideró que estas resultan insuficientes y sostuvo en su presentación que “no satisfacen lo ordenado”.
En ese sentido, la defensa cuestionó que el informe del ente persecutor “no indica dónde están hoy los dispositivos ni quién mantiene las copias forenses”. Además, sostuvo que la custodia no estaría exclusivamente en manos del Ministerio Público, como ordenó la Corte Suprema, debido al acceso de funcionarios del OS-9 de Carabineros. Además, denunció que aún no se elimina la información que no resulta crucial para las diligencias.
La exigencia de la defensa de Camila Flores
Frente a eso, el equipo jurídico de la parlamentaria exigió “informar la nómina completa de las personas que han tenido acceso a los dispositivos o a la información extraída de ellos, incluidos fiscales, abogados asistentes, analistas y demás funcionarios del Ministerio Público, peritos y funcionarios policiales”.
Junto con ello, solicitaron precisar la ubicación actual de los equipos y disponer que cualquier copia o extracción almacenada por el Departamento OS-9 sea entregada exclusivamente a la Fiscalía a cargo de la causa.
Sobre los datos que deben ser descartados por no tener relevancia para la investigación, los abogados pidieron que se les informe “con a lo menos tres días hábiles de anticipación, el día y lugar de la eliminación, para que pueda presenciarla por sí o por medio de un perito de su confianza”.
La resolución sobre estas peticiones quedó pendiente hasta el 25 de noviembre, fecha en que el Juzgado de Garantía de Valparaíso las analizará durante una nueva audiencia de cautela de garantías.
