El Ejecutivo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sobre la megarreforma, buscando impugnar un artículo sobre la obligación de reconexión gratuita de los servicios en zonas de catástrofe.
Se trata del artículo 31 del proyecto, donde se indica que las empresas de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas deberán reconectar “de forma gratuita y sin condición previa de pago” a los usuarios, incluso si estaban desconectados por no pago antes del estado de catástrofe.
Junto a esto, el texto define plazos obligatorios para la reconexión: 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado.
La Moneda dice que esta disposición fue incluida mediante una indicación parlamentaria y que no tiene relación con las ideas matrices de la iniciativa, vulnerando el artículo 69 de la Constitución.
