Tras la polémica desatada por el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS -que incluso ha generado protestas a lo largo de Chile-, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC) manifestó su seria preocupación por el anuncio de las autoridades de aplicar multas a las empresas que vendan entradas sin contar con permisos definitivos.
A través de un comunicado, la organización gremial criticó las medidas del Ministerio del Deporte, argumentando que transmiten una “mirada parcial” sobre el funcionamiento de los espectáculos en vivo.
A su juicio, la iniciativa vuelve a traspasar a los privados una incertidumbre que se origina, precisamente, en la falta de plazos claros, criterios unificados y coordinación oportuna entre las propias instituciones públicas.
Logística e infraestructura
Desde el sector privado explicaron que la programación internacional de megasalas se construye con 12 a 18 meses de anticipación. Por ello, aseguran que reducir el debate únicamente a sanciones desconoce la complejidad de la industria.
“Anunciar nuevas multas sin abordar al mismo tiempo la incerteza institucional, la fragilidad contractual de los recintos públicos, la ausencia de una política de infraestructura para espectáculos masivos y la sobrecarga regulatoria que enfrenta el sector resulta desproporcionado”, afirmaron.
Asimismo, el gremio enfatizó en que cuando un concierto se suspende o entra en conflicto por razones ajenas a las productoras -incluyendo cambios de criterio o contingencias en la administración de los recintos-, son precisamente las empresas organizadoras las que “deben responder ante el público, asumir los costos reputacionales, financieros y operativos, y enfrentar eventuales sanciones”.
Impacto económico y riesgo de competitividad
En cuanto a la relevancia de la actividad, la AGEPEC expuso que la música en vivo es un sector que genera un alto valor y que “moviliza entre 2 y 3 millones de asistentes al año”, superando largamente al fútbol profesional, entre otros eventos masivos.
Además, “genera más de 160 mil puestos de trabajo a través de más de 800 pymes y facturó $115.049 millones en 2024″.
Frente a este panorama, la organización gremial alertó que de profundizarse la postura del Ministerio, “el riesgo es evidente: Chile dejará de ser una plaza competitiva para el concierto internacional” , lo que terminará afectando de manera directa al empleo, al turismo, a la recaudación económica y a la proyección cultural del país.
Finalmente, la asociación reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno en una mesa de trabajo, concluyendo que la urgencia actual es abrir una conversación seria sobre infraestructura multipropósito y gobernanza de recintos en lugar de enfocarse solo en la aplicación de multas.
