Un informe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reveló el origen de los fondos con los que el abogado José Ramón Correa adquirió el 21 por ciento de las acciones de Azul Azul en enero pasado, convirtiéndose en el segundo máximo accionista de la concesionaria que rige a Universidad de Chile.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación liderada por el fiscal Juan Pablo Araya —en el marco del denominado “Caso Sartor” y publicados este martes por Ciper Chile—, Correa financió la operación de 7,5 millones de dólares mediante un crédito otorgado por Sportscap Credit Fund LLC, un fondo de inversión privado constituido en Delaware (EE.UU.).
Este fondo es administrado por Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, y Jacques Gliksberg, socio de Victoriano Cerda, excontrolador de Huachipato, y según el documento, las acciones adquiridas por Correa mediante su sociedad “Romántico Viajero SpA” quedaron prendadas como garantía de dicho préstamo.
El documento del Ministerio Público no solo detalla la situación de Correa, sino que también vincula al mismo fondo con el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark.
Según el reportaje del mencionado medio, el persecutor citó un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertó sobre una “operación sospechosa” en las cuentas de Bulla SpA, sociedad ligada a Clark. Según el informe de la UAF, existirían abonos por más de 18 millones de dólares provenientes de Sportscap Credit Fund LLC, los cuales estarían “relacionados con el financiamiento para la adquisición de Azul Azul S.A.”.
La información de estos movimientos financieros salió a la luz pública luego de que la Fiscalía apelara a una resolución de la Corte de Apelaciones. Previamente, el tribunal de alzada había acogido un reclamo de Correa, quien acusó de “ilegal” el allanamiento de las oficinas de su sociedad Romántico Viajero SpA y la incautación de sus dispositivos electrónicos, argumentando que no tiene la calidad de imputado en la causa. Con esta apelación, el Ministerio Público busca justificar la pertinencia de la evidencia incautada.
Consultado por el citado medio de investigación, José Ramón Correa confirmó el financiamiento y explicó que contactó personalmente a Kiblisky debido a la experiencia de su fondo en el ámbito deportivo. Asimismo, el abogado descartó que Michael Clark hubiese intervenido o tenido conocimiento previo de su ingreso a la propiedad de la concesionaria laica.
