Las consecuencias del aluvión registrado en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo en Las Condes ya escalaron al plano judicial.
Tras las intensas precipitaciones que provocaron un masivo deslizamiento de barro y agua, el Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal para determinar el origen de la catástrofe.
Con la acción se buscan eventuales responsabilidades por la emergencia que dejó múltiples heridos y severos daños materiales.
Según información del medio Cooperativa, la indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Local de Las Condes bajo la conducción del fiscal Francisco Lanas junto al especialista en gestión de riesgos, Manuel Zará.
“Acá lo que nosotros creemos hace rato es que hay que hacer piscinas decantadoras y que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) determine qué se hace en la quebrada. Nosotros hicimos los llamamientos oportunamente”, señaló la alcaldesa Catalina San Martín al citado medio.
En esa línea, una de las primeras labores corresponden a peritajes clave del OS9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para auditar el estado previo de los cauces y evaluar figuras legales como cuasidelito de lesiones e incumplimiento de deberes de cuidado.
LA RESPUESTA DEL MOP
Frente a los cuestionamientos, el biministro de Obras Públicas (MOP) y Transportes, Louis de Grange, salió al paso para defender la respuesta estatal.
“No hay ningún dispositivo ni medida preventiva que hubiese evitado lo que ocurrió. Los ductos están diseñados para que circule agua, no para contener este nivel de derrumbe. Esto es comparable a un terremoto: es impredecible en magnitud y momento”, sostuvo la autoridad.
