La aparición de canales de Telegram donde circulaban registros íntimos de mujeres sin autorización, además de información privada como teléfonos, direcciones y cuentas en redes sociales, llevó al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio en la Región de La Araucanía.
Según detalló ADN Radio, la alerta se hizo pública a través de Instagram, donde una mujer contó que se enteró de la exposición de su material íntimo luego de que un conocido le advirtiera sobre su presencia en un chat. A partir de ese aviso, accedió al grupo de Telegram y reunió registros de las conversaciones, los que ahora sirven como respaldo para las diligencias de la Fiscalía.
Bajo ese contexto, Temuco y Padre Las Casas figuran como los principales focos de los hechos denunciados, según la abogada querellante Claudia Valdés, quien estima que la difusión de este material habría afectado a 30 mujeres como mínimo.
Horrible exigencia de ingreso
Las indagatorias apuntan a que el acceso a uno de estos chats estaba condicionado al envío de material íntimo de una mujer, ya fuera una imagen o una grabación, como requisito para ingresar al grupo.
Valdés advirtió, además, que entre los archivos que circularían en estos grupos habría contenido vinculado a menores de edad, un elemento que agrava la preocupación por el alcance de los hechos denunciados. “Hay casos de menores de edad y una menor de edad donde el papá es quien facilita fotografías e incluso dice que lo contacten por interno para hacer una videollamada”, afirmó.
La difusión no se limitaría a fotografías y grabaciones, ya que también incluiría datos personales de las afectadas. Esta exposición facilitaba el contacto no deseado con ellas y las dejaba vulnerables a situaciones de acoso u otras conductas delictivas.
Los desafíos de la Fiscalía
Ahora, la investigación busca esclarecer quiénes estarían detrás de estos canales y determinar el grado de participación de sus integrantes. Desde la Fiscalía señalaron que las diligencias comenzaron tras conocerse los antecedentes públicamente y que esperan recibir más denuncias para avanzar en la identificación de los responsables.
Si se confirma la existencia de registros que involucren a menores de edad, podrían sumarse nuevas aristas penales a la causa. Recordemos que la legislación chilena sanciona conductas como producir, guardar o compartir material sexual de menores, por lo que las autoridades deberán determinar si los antecedentes recopilados corresponden a alguno de estos delitos.
Las pesquisas deberán identificar a los usuarios que operaban estos espacios digitales y establecer cómo funcionaban, considerando las opciones de anonimato que ofrece Telegram. Entre las principales interrogantes está precisar el número de mujeres afectadas, rastrear a quienes difundieron los archivos y determinar si los chats respondían a una coordinación organizada entre sus integrantes.
