La Cámara de Diputados inició este lunes la discusión del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Gobierno, que busca dotar de herramientas a los establecimientos educacionales para enfrentar los crecientes hechos de violencia escolar.
Si bien existe consenso en la necesidad de legislar, el contenido de la iniciativa ha generado profundas diferencias en el mundo político debido a la naturaleza de las medidas propuestas.
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Entre los puntos más controvertidos se encuentra la facultad para que profesores y asistentes de la educación revisen bolsos y mochilas, tarea para la cual los gremios denuncian no tener capacitación.
Asimismo, la propuesta contempla la expulsión de estudiantes que provoquen la suspensión de clases y la pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior para aquellos alumnos que resulten condenados por distintos delitos, incluso aquellos contra la propiedad, aunque no se ejerza violencia.
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— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 20, 2026
Gazmuri apunta a un “diagnóstico equivocado”
Desde la oposición, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) adelantó su voto en contra: “Nos negamos a la idea de legislar el proyecto ‘Escuelas Protegidas’ porque parte de un diagnóstico equivocado”, enfatizó.
“Trata la convivencia escolar como si fuera un problema policial, y esto vulnera derechos fundamentales, instala prácticas invasivas y discriminatorias contra los estudiantes más vulnerables y recarga, además, a los docentes sin entregarles apoyo real. El Estado debe hacerse cargo del problema de raíz: invertir en salud mental“, argumentó la parlamentaria.
Hoy la Cámara vota el proyecto Escuelas Protegidas, que comete un error grave: tratar la convivencia escolar como un problema policial.
Se prioriza el control y el castigo por sobre el enfoque formativo, se habilitan revisiones invasivas que pueden derivar en discriminación…
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 20, 2026
Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC), integrante de la Comisión de Educación en la Cámara, indicó que desde su colectividad buscan “darle frente a esta situación de exacerbada violencia escolar, pero debe tener financiamiento y la debida capacitación para los profesores y asistentes de la educación”.
“Debe existir una sanción pareja, no solamente para aquellas personas que podrían optar a la gratuidad, también para aquellas personas que no necesiten ese apoyo estatal”, agregó el jefe de bancada democratacristiano.
RN apunta a proporcionalidad de sanciones
Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) indicó que su tienda se encuentra “definiendo cuál va a ser nuestra postura en esa materia. En lo demás estamos absolutamente de acuerdo, entendemos que no soluciona el problema, pero tenemos que ver también la constitucionalidad”.
“Un niño que recibe una pena y que la cumple, y que además se le pone un doble castigo, ahí me parece, en lo personal, que se debe diferenciar, sobre todo cuando un niño está en séptimo, octavo básico o primero medio. Es muy diferente el desarrollo y yo, personalmente, me encanta ponerle el sello social”, puntualizó.
Para Ossandón, se debe “tener mucho cuidado e ir caso a caso, porque la idea es dar posibilidades de que ese niño se termine rehabilitando y no sea el día de mañana un futuro delincuente. Hay que tener mucho cuidado cuando la moneda de cambio es la gratuidad, (ya que) la educación es movilidad social”.
El proyecto cuenta con discusión inmediata, cuya urgencia vence la jornada de mañana.
