Un desalojo que se llevaba a cabo de manera parcial en la toma “Michaihue 600” de San Pedro de la Paz fue abruptamente paralizado este martes, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de protección y emitiera una orden de no innovar.
El operativo buscaba desocupar estructuras donde residían más de 230 familias, específicamente los denominados “bloques de lata”, los cuales contaban con una orden de demolición vigente desde el terremoto del año 2010. Pese a la prohibición de habitarlos, decenas de personas continuaban viviendo en el lugar.
La situación dio un giro inesperado cuando, en medio del procedimiento, se conoció la resolución judicial que detuvo por completo las acciones.
Autoridad defiende la necesidad de demoler
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, remarcó la peligrosidad de las estructuras y la necesidad de resguardar la seguridad de las personas. Según explicó, los inmuebles representan un riesgo inminente.
“Post-terremoto tiene certificados de inhabitabilidad, con una condición de inseguridad enorme para quien pueda estar una noche o durante varios días en ese lugar. Y es por eso que se debía demoler esos blocks de departamento. La única responsabilidad que debe tener el Estado es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, enfatizó Pacheco.
Además, la autoridad regional justificó la urgencia de despejar el terreno para dar paso a un nuevo proyecto habitacional y abordar problemas de delincuencia en el sector.
“Precisamente, en esa zona se van a construir más de 300 viviendas y por eso es necesario que el Ministerio de Vivienda ingrese a ese lugar, realice todos los estudios y mecánicas de suelos necesarios para lo más pronto posible tener soluciones habitacionales”, afirmó.
Pacheco también vinculó el lugar a graves problemas de seguridad, mencionando que “hace poco tiempo también en las inmediaciones hemos tenido hechos de inseguridad enormes, como la sustracción de 50 postes del alumbrado público en toda esa zona. Hay que recuperar el borde costero de San Pedro de la Paz“.
Tras la orden judicial, el desalojo quedó detenido. Ahora, el futuro del procedimiento dependerá de la resolución de fondo del recurso legal presentado, lo que definirá si se podrá retomar la salida de las familias que aún permanecen en la toma.
