FC Barcelona negó que UEFA haya abierto un nuevo expediente en su contra por el caso Negreira y aclaró que la investigación iniciada en 2023 nunca fue cerrada, por lo que tampoco existió una reapertura o reactivación del proceso.
El cuadro catalán salió al paso de distintas informaciones publicadas durante la jornada y explicó que el expediente se mantiene vigente desde hace tres años, cuando el organismo europeo designó a dos investigadores para analizar los antecedentes.
“El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El club ha atendido siempre todos sus requerimientos”, indicó Barcelona mediante un comunicado.
La institución también reconoció que UEFA confirmó la recepción de una cantidad sustancial de documentos enviados por Real Madrid relacionados con el caso y que estos antecedentes serán considerados por sus inspectores éticos y disciplinarios dentro de la investigación actualmente en curso.
“No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada”, sostuvo el club catalán.
Barcelona agregó que, hasta ahora, no ha recibido nuevos requerimientos por parte de los investigadores ni ha sido formalmente notificado de la denuncia presentada por Real Madrid.
“Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora”, afirmó la entidad.
El denominado caso Negreira investiga los pagos de aproximadamente 8,3 millones de euros realizados durante años por Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros, a través de sociedades vinculadas a él.
La Fiscalía sospecha que los pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que Barcelona sostiene que correspondieron a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.
