Catalogando la estrategia impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia como una improvisación, la exministra Camila Vallejo lanzó críticas de alto calibre contra la polémica reforma constitucional de seguridad.
Durante su participación en Descabelladas, espacio de la Universidad de Chile, cuestionó que — tras sus primeros meses de gestión— las expectativas generadas por el Ejecutivo en esta materia aún no se reflejan en avances concretos.
“Este Gobierno llegó al poder prometiendo el cielo en materia de seguridad, que inmediatamente iban a poner mano dura (…) Eso en seis meses no se hizo”, sentenció la ex vocera.
Es más, aludiendo a que meses atrás el ministro Martín Arrau planteó mantener las políticas desarrolladas durante la administración de Gabriel Boric, Vallejo afirmó que “hubo improvisación y no hubo un plan propio”.
Camila Vallejo apunta a verdaderas intenciones del Gobierno
Dentro de ese marco, la otrora autoridad cuestionó los verdaderos motivos que estarían detrás de la controvertida reforma constitucional. “No es un plan realmente contra el crimen organizado y la delincuencia, sino que es gato por liebre”, sostuvo.
A juicio de la ex secretaria de Estado, la iniciativa daría pie a “una especie de régimen autoritario para que el presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos comunes y corrientes”.
Para Vallejo, enfrentar la inseguridad no implica aceptar restricciones excesivas a las libertades individuales. En ese sentido, la exministra sostuvo que ambas necesidades deben abordarse sin que una termine anulando a la otra.
“Todos queremos orden, todos queremos límites, todos queremos respeto a la autoridad. Pero no es cualquier orden, no es cualquier límite y no es cualquier forma de ejercer autoridad. No es a cualquier costo”, afirmó, expresando que “orden con democracia son delincuentes en la cárcel. Orden sin democracia es que finalmente todos estemos en una cárcel”.
La exministra cerró sus cuestionamientos señalando que la propuesta no necesariamente mejoraría la persecución penal. En su opinión, su principal efecto sería abrir la puerta a medidas de excepción más restrictivas, con un mayor impacto sobre las libertades ciudadanas.
