La Sala de la Cámara de Diputados despachó este martes a su segundo trámite un proyecto que castiga el insultar u ofender gravemente a carabineros, funcionarios de la PDI o gendarmes en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto se aprobó en general por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.
El texto incorpora un nuevo tipo penal que sanciona la “ofensa descomedida” a título de falta penal, y permite la detención “en caso de flagrancia de manera excepcional”.
Además, incorpora una “hipótesis agravada de atentado contra la autoridad”: actuar en grupo o individualmente, pero amparado en un grupo, y aumenta la pena privativa de libertad cuando el atentado contra la autoridad recaiga específicamente contra funcionarios policiales.
La propuesta se originó en una moción de la diputada Ximena Ossandón (RN), apoyada por sus colegas Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, junto a otros exlegisladores del periodo pasado.
Detalle de las sanciones
El Código Penal establece hoy que este tipo de hechos se castigarán con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). Además, define una multa de 11 a 15 UTM (entre $788.931 a $1.075.815).
Este proyecto detalla que si los hechos se verifican en contra de carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, sólo se aplicará la pena privativa de libertad.
En el marco de las faltas, se incluye el hecho de insultar u ofender gravemente a carabineros o a funcionarios PDI en el ejercicio de sus funciones. En tal caso, la sanción será de pena de prisión en su grado máximo (hasta 60 días) y multa de una a cuatro UTM (hasta $286.884).
En la misma pena incurrirá quien, fuera de los recintos penales, insulte u ofenda gravemente a funcionarios de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones.
Críticas de la izquierda
La diputada Nathalie Castillo (PC) advirtió sobre los vacíos de la norma y cuestionó: “¿Quién decide qué es una ofensa grave? ¿El mismo funcionario que se sienta ofendido? ¿Acaso la palabra ‘paco’ es considerada un insulto? Esto es gravísimo para la libertad de expresión”.
En esa línea, el diputado Luis Cuello (PC) hizo reserva de constitucionalidad.
Desde la vereda contraria, la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) fustigó los cuestionamientos de la izquierda: “Resulta que ahora el gran misterio lingüístico de la izquierda es definir qué significa insultar y, mientras aquí filosofamos sobre semántica, en la calle al carabinero lo escupen, lo golpean, le tiran piedras, le disparan y a veces los matan”.
Por su parte, la diputada Andrea Macías (PS) criticó el enfoque de la iniciativa manifestando que “pensar en que un insulto tiene que ser sancionado va a generar o va a impactar en los niveles de seguridad de la población me parece que es muy pobre legislativamente”.
