José Peñafiel, conocido como el “Violador de la Imprenta”, recibió una condena de 20 años de prisión por parte del 7° Tribunal Oral en lo Penal. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que el condenado presentaba un patrón de conducta propio de un agresor sexual serial, argumento que fue acogido en la sentencia.
De las 13 imputaciones sexuales —ocurridas a lo largo de un extenso período según los antecedentes— que presentó la Fiscalía, el tribunal determinó que Peñafiel era responsable de ocho violaciones, incluyendo una considerada reiterada.
La Fiscalía de Género sostuvo durante el juicio que los antecedentes permitían identificar un patrón constante en la conducta del acusado. De esta manera, los hechos investigados fueron considerados parte de una dinámica reiterada y no como casos independientes.
“No son hechos aislados, sino que se pudo probar que él tenía un modo de operar planificado en que él seleccionaba a sus víctimas con esta discapacidad que él también tenía, pero en una menor medida; buscaba ciertos lugares que eran aislados y en ciertos horarios; 4 de las 13 víctimas, además, fueron llevadas a la imprenta familiar donde las agredió sexualmente”, señalaron desde la entidad persecutora.
¿Cuál era el modus operandi del acusado?
De acuerdo con los antecedentes del caso, el acusado buscaba a sus víctimas principalmente dentro de la comunidad sorda, utilizando también plataformas digitales para establecer contacto. Tras generar confianza, recurría a engaños y estrategias de manipulación para concretar encuentros en espacios donde podía ejercer control sobre las mujeres.
En cuanto al fallo, se descartaron cinco de los 13 cargos por falta de antecedentes suficientes y se estableció responsabilidad penal en los ocho restantes. Los jueces, además, rechazaron la prescripción solicitada por la defensa y consideraron la alevosía como agravante. Cabe destacar, que desde febrero de 2024 Peñafiel se encontraba privado de libertad.
La fiscal Francisca Rivera puso énfasis en los desafíos que enfrentó el Ministerio Público durante las pesquisas. La representante de Género Oriente señaló que fue necesario recurrir a asistencia especializada debido a las particularidades del caso y de las víctimas.
“Fue una investigación compleja, distintas de las que estamos acostumbrados a llevar. Tuvimos un apoyo permanente de la Unidad regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), brigada de delitos sexuales y el apoyo de una intérprete de lengua de señas que estuvo todo el tiempo en la investigación”, explicó.
Por otro lado, la petición de cadena perpetua formulada por la Fiscalía no fue acogida por el tribunal, que optó por imponer 20 años de prisión por los delitos acreditados. El caso, que involucró agresiones sexuales reiteradas, se hizo conocido bajo el apodo de “violador de la imprenta”, debido a uno de los lugares donde habrían ocurrido los ataques.
