Tras el revuelo por el caso del asesor argentino, Fernando Cerimedo, se planteó una iniciativa que podría convertir el uso coordinado de bots para intervenir en la opinión pública en un nuevo delito. Esa es la idea detrás del proyecto presentado por el diputado Jaime Bassa (FA), que plantea modificar la Ley 21.459 para perseguir operaciones realizadas a través de cuentas falsas o automatizadas.
Según recogió BiobioChile, el plan establece responsabilidades para quienes estén detrás de redes de bots utilizadas para fabricar una aparente adhesión ciudadana. La propuesta contempla castigar su contratación, coordinación, gestión o financiamiento cuando estas estructuras busquen alterar la opinión pública o incidir en elecciones y plebiscitos.
Frente a la falta de una figura específica para este tipo de conductas, el proyecto propone “cerrar un vacío legal”. En ese sentido, se contemplarían sanciones contra quienes operen redes de bots bajo identidades falsas o mediante sistemas automatizados para intervenir en la discusión pública.
Quienes incurran en las conductas contempladas por el proyecto podrían enfrentar una sanción que va desde el presidio menor en su grado medio hasta su grado máximo. A ello se sumaría una multa calculada en el doble del costo de los dispositivos o servicios digitales utilizados.
Eso sí, no todos los casos tendrían el mismo tratamiento. El texto considera una mayor penalización si detrás de la operación existe una organización comercial o una intención de obtener ganancias, así como cuando la utilización de estas redes busque menoscabar la honra o dignidad de terceros.
En búsqueda de procesos electorales “libres y bien informados”
Jaime Bassa advirtió que las llamadas “granjas de bots” pueden alterar el funcionamiento de una democracia al instalar percepciones artificiales en la ciudadanía. El parlamentario cuestionó además la existencia de un mercado asociado a estas herramientas y afirmó que ya han sido empleadas para distorsionar el debate público.
Según afirmó, las redes de bots ya habrían sido utilizadas en distintos comicios, apuntando directamente a un eventual vínculo entre estas prácticas y personeros oficialistas, además de cuestionar el destino de fondos públicos.
“Este proyecto de ley busca sancionar esas conductas, tipificarlas como antijurídicas y culpables, penalizarlas con cárcel, con multa y abrir la posibilidad de que exista una investigación electoral en los procesos de calificación electoral”, sentenció el parlamentario.
Al final, Bassa planteó que el desafío es resguardar “la autonomía del voto”, de modo que la ciudadanía enfrente elecciones “libres y, sobre todo, bien informados”, sin interferencias que condicionen su decisión.
