Tras pasar meses en tribunales, el caso por el incidente protagonizado por estudiantes contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia (UACh), finalmente no dejó personas condenadas ni derivó en un juicio.
Recordemos que el pasado 8 de abril, mientras intentaba abandonar el mencionado campus —luego de haber participado en una actividad— la secretaria de Estado fue agredida e increpada. Junto con condenar lo ocurrido —e incluso tratar de invocar la Ley de Seguridad del Estado— el Gobierno presentó una querella por atentado contra la autoridad.
Días más tarde, María Jesús Madariaga, Pablo Vásquez y Joaquín Monje aparecieron como detenidos por el incidente y, si bien el Ejecutivo solicitó que permanecieran en prisión preventiva mientras se desarrollaban las diligencias, la justicia descartó esta medida.
A cinco meses de lo ocurrido, de acuerdo a lo informado por La Tercera, las partes involucradas optaron por una salida alternativa al proceso judicial. Así, la defensa de los estudiantes, la Fiscalía de Los Ríos y el Gobierno —en calidad de querellante— acordaron la suspensión condicional del procedimiento para todos los imputados.
¿Qué significa esto? Implica que los jóvenes no enfrentarán un juicio, mientras que la causa quedará sin efecto si durante los próximos 12 meses cumplen con cinco requisitos establecidos. Una vez transcurrido ese período sin incumplimientos, el procedimiento será archivado y el caso se dará por cerrado.
Ministra Lincolao no terminó contenta
No acercarse a la víctima, establecer un domicilio, firmar cada dos meses ante Carabineros, ofrecer disculpas públicas y realizar un servicio comunitario —que será propuesto por las defensas y deberá ser aprobado por las demás partes—, son las condiciones que los tres universitarios tendrán que cumplir, según consignó el citado medio.
Durante la audiencia, los estudiantes ofrecieron disculpas y la ministra las aceptó de inmediato. Sin embargo, Lincolao manifestó su desacuerdo con la salida acordada: su intención era que el caso llegara a juicio. Pese a que el Gobierno estuvo presente en el acuerdo, la ministra sentenció: “Está bien, las acepto todas. (…) No fui yo la que pidió las disculpas, fue la Fiscalía y a mí no me preguntaron”.
De acuerdo con fuentes citadas por La Tercera, la autoridad se mostró molesta ya que esperaba que la investigación continuara hasta esclarecer completamente lo ocurrido y que los imputados enfrentaran consecuencias penales por los hechos.
