Casinos, recintos deportivos y espectáculos masivos podrían quedar fuera del alcance de quienes mantienen deudas por pensión alimenticia, si prospera una iniciativa presentada por parlamentarios de izquierda que apunta a restringir el ingreso de personas incluidas en el registro nacional de morosos.
¿Qué implica el proyecto? Antes de concretar cualquier transacción, quienes vendan entradas, organicen espectáculos, administren casinos o gestionen plataformas de apuestas en línea debidamente autorizadas tendrían que verificar si la persona figura en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
De acuerdo a lo recogido por La Cuarta, en caso de confirmarse que la persona se encuentra en el listado, se obligaría a aplicar restricciones inmediatas: desde rechazar la compra o entrega de entradas hasta bloquear el acceso a los recintos y suspender las cuentas o transacciones vinculadas a juegos de azar.
Estas restricciones dejarían de aplicarse cuando la persona sea eliminada del registro, lo que puede ocurrir tras saldar la deuda alimenticia o formalizar un acuerdo de pago que cuente con aprobación judicial.
“Sin pensión, no hay diversión”
“Todavía hay 270.000 deudores de alimentos que se desentienden de las responsabilidades de sus hijos e hijas”, advirtió la diputada Irací Hassler (PC) —quien impulsó el proyecto— respecto al actual panorama en esta materia.
Bajo ese contexto, sentenció que “si hay plata para hacer apuestas, para ir a los casinos, si es que hay plata para ir a los estadios de fútbol, debe haber plata para las necesidades de los hijos e hijas, para la alimentación, para la salud, para todo aquello que no se pone en pausa”.
“Un 96% de los deudores de pensión de alimentos a mayo del 2025 son hombres. Y es por eso que hemos presentado este proyecto. Queremos que la deuda de pagos de pensión de alimentos en nuestro país se termine, por eso vamos a trabajar para que este proyecto sea ley”, advirtió la legisladora.
La iniciativa fue presentada por Hassler junto a las diputadas Marisela Santibáñez, Constanza Schönhaut, Daniela Serrano y Carolina Tello, además de los diputados Marcos Barraza y Juan Santana. También participaron representantes de la ONG Acción Mujer y Madre, de la organización Familias Cuidadoras y de la Coordinadora 8M de Valparaíso, quienes instaron a legisladores del oficialismo a respaldar la propuesta y solicitaron al Gobierno que le otorgue su apoyo.
