La impactante revelación de que el Gobierno ha concedido 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad desató una ola de críticas y reacciones en el mundo político.
Según destapó Interferencia, entre el 11 de marzo, fecha en que José Antonio Kast asumió la Presidencia, y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos para reducir las penas de personas condenadas por agresiones sexuales contra menores. La cifra fue entregada por la Subsecretaría de Justicia en respuesta a una solicitud de transparencia del citado medio: 27 de los beneficiados cumplían condena por abuso sexual y los otros 29 por violación.
El procedimiento para acceder a este beneficio contempla una vía administrativa: Gendarmería remite las solicitudes al Ministerio de Justicia, organismo que debe determinar si corresponde reducir la pena conforme a las exigencias legales. Por esta vía, la decisión queda en manos de la cartera y no requiere la intervención de los tribunales para tramitar la solicitud.
Cabe destacar, que la reforma legal de 2022 excluyó del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores, pero en el Ministerio existiría una “discusión judicial” sobre si esa restricción tiene carácter retroactivo, según el citado medio.
Fuerte remezón en el mundo político
Para sorpresa de nadie, la insólita revelación no dejó indiferente al plano político, que —incluso desde el oficialismo— se volcó en fuertes críticas contra el Gobierno de José Antonio Kast.
“¿Pero qué tienen en la cabeza? ¡Cómo se les alcanza a ocurrir tamaña brutalidad! El abuso sexual y la violación son de los más graves delitos. ¿Cómo se explica este sinsentido?”, cuestionó la diputada del Frente Amplio, Ana María Gazmuri, según recogió La Cuarta.
Desde la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet lanzó: “Todavía no lo puedo creer. Me parece extremadamente grave. Esto es un indulto parcial. O sea, si esa información se corrobora, estamos indultando a violadores y abusadores de niños”.
El igualmente diputado Jorge Guzmán (Evópoli), del oficialismo, explicó que quienes fueron condenados por estos delitos desde 2022 no pueden acceder a las rebajas, a diferencia de quienes recibieron sentencia antes de ese año. En este último caso, si el Gobierno rechaza la solicitud, los condenados pueden acudir a instancias judiciales.
“Lo que nos ha explicado el ministro es que hoy día, por economía procesal, en definitiva han evitado el paso por el Poder Judicial y han citado estos fallos para poder aplicar la rebaja de condena”, planteó Guzmán.
“Yo hubiese esperado que pasen por la Corte y que sea la Corte la que en razón de principio jurídico ordenara aplicar la rebaja de sanción sin evitar este paso. Yo creo que cuando lo hacemos más eficiente, en la práctica estamos beneficiando a una persona que ha sido condenada por delitos gravísimos y yo creo que eso no debió haber ocurrido”, criticó al final.
