Diputados presentan proyecto para sancionar de forma especial el robo de mascotas

Un grupo de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para establecer sanciones especiales cuando una mascota sea víctima de delitos como robo, receptación o apropiación indebida.

La iniciativa, denominada “No son objetos. Son familia”, fue presentada por los diputados Juan Santana, César Valenzuela, Carolina Cucumides, Francisco Crisóstomo y Andrea Macías, quienes buscan cambiar la forma en que estos casos son tratados actualmente por la legislación.

Según explicaron sus impulsores, hoy el robo de un animal es considerado principalmente desde el punto de vista económico, por lo que el valor de la mascota puede influir en la gravedad del delito y en la sanción que corresponda.

Sin embargo, la propuesta plantea que también se considere el vínculo entre el animal y su familia, ya que la pérdida de una mascota no significa solamente un daño económico, sino también la separación de un integrante del hogar.

El diputado César Valenzuela sostuvo que “cuando se roba una mascota, no es el valor comercial el que está en juego”, mientras que Juan Santana señaló que el proyecto busca establecer sanciones específicas para los delitos cometidos contra animales de compañía.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el proyecto, en Chile existen más de 12 millones 400 mil perros y gatos con dueño, mientras que estos animales están presentes en el 75,9 por ciento de los hogares.

Además, una encuesta realizada durante 2025 estableció que el 74,4 por ciento de las personas considera a su mascota como un integrante de su familia, una cifra que los parlamentarios usaron para respaldar la necesidad de actualizar la legislación.

El proyecto también contempla una excepción para quienes retiren a una mascota con el objetivo de ayudarla o evitar que siga en una situación de maltrato, de manera que estos casos puedan diferenciarse de aquellos en que el animal es sustraído con fines delictivos.

Los diputados buscan así que, al momento de sancionar un delito contra una mascota, no solo se considere cuánto vale el animal, sino también el impacto que provoca separarlo de la familia con la que vive.

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