El canciller Francisco Pérez Mackenna reivindicó este miércoles ante el Senado la adhesión del país al Escudo de las Américas, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, alegando que se trata de “una declaración política y no un tratado”.
“Los gobiernos declaran su ‘intención’, en ningún pasaje se contraen obligaciones jurídicas. El Escudo es una declaración política y no un tratado”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en la sesión especial del Parlamento sobre el acuerdo.
Quince países americanos, todos gobernados en este momento por fuerzas conservadoras, integran el Escudo de las Américas, impulsado por Trump para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región, entre los cuales se cuentan Argentina, Colombia y Ecuador.
El ingreso de Chile ha sido cuestionado por la oposición al Gobierno de José Antonio Kast por la implicación que tiene sobre la soberanía del país y fue el motivo, en días pasados, de una carta pública conjunta que firmaron los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric.
Pérez Mackenna justificó que “el crimen organizado transnacional se ha instalado ya en la vida cotidiana” de Chile, pero que además “este fenómeno no respeta fronteras. Cuando una red es golpeada en un país, se reorganiza en otro”.
“Ningún país de la región puede enfrentar esto solo. Las organizaciones criminales se coordinan entre países y continentes, y las instituciones del Estado, para responder con eficacia, necesitan coordinarse también”, argumentó.
En cuanto a la soberanía, defendió que “cuando las bandas criminales controlan territorios completos, infiltran policías o amenazan fiscales, somos testigos de la afectación de la soberanía de nuestros Estados. Por tanto, cooperar para enfrentar el crimen organizado es una forma de defender la soberanía nacional”.
Por ese motivo, aseguró que decidieron “transitar una senda de cooperación con otros países de la región y del hemisferio” que incluye “intercambio de información, coordinación de acciones, compartición de tecnología” y formación para los policías y los fiscales.
Implicaciones del acuerdo
Pérez Mackenna definió una serie de lineamientos de la adhesión, detallando que en el eje de seguridad se contempla el intercambio de inteligencia, capacitación, ampliación policial y una coordinación financiera contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En lo económico, impulsa la cooperación, la revisión de inversiones por seguridad, el suministro confiable de minerales críticos y reglas equitativas para la infraestructura digital.
En el plano internacional, se establece una agenda de consulta permanente y coordinación de posiciones conjuntas en los diversos foros multilaterales sobre temas de interés común.
Sobre su alcance, precisó que el acuerdo no crea órganos y no contiene cláusulas de entrada en vigor ni de ratificación.
Todo lo que se emprenda se hace según las “respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales” de Chile.
En la negociación, Chile planteó tres salvaguardas, y el texto las recoge: el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación; la subordinación de todo a los tratados y las leyes de cada país; y la aplicación no discriminatoria de las reglas sobre proveedores en la parte económica.
Soberanía y tratados
En materia de soberanía, el Escudo de las Américas es explícito en reconocer la soberanía de cada Estado y el respeto a su independencia, además de estipular que las acciones que impulsa se enmarcarán en el derecho internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado.
“Chile mantiene plena libertad para comerciar y asociarse con todos sus socios. La propia declaración recoge, a solicitud de Chile, la aplicación sin discriminación en la regulación de proveedores de infraestructura digital”, especifica.
El texto no contiene fuerzas conjuntas, bases militares extranjeras, despliegue de tropas ni compromisos presupuestarios. “El Gobierno ha sido claro en que Chile no considera el uso de militares en el combate contra el crimen organizado”, agrega.
Además, se hace mención al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del que Chile es parte desde 1949, y que se aplica con independencia del Escudo de las Américas.
La declaración dice que los gobiernos tienen “la intención de co-firmar una solicitud de reunión de consulta que dispone este tratado. Lo que resuelva el Órgano de Consulta se decide en esa instancia, por los Estados parte y con las reglas del propio tratado y del derecho internacional”.
En ese sentido, nada menoscaba los derechos y obligaciones de los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas y “ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento”, garantizando que cualquier decisión “será soberana y se tomará conforme a la Constitución”.
