Un nuevo pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso restringió las diligencias que la Fiscalía puede realizar sobre los dispositivos electrónicos incautados a la senadora Camila Flores, en el marco de la investigación denominada “Cuota Flores”.
Según informó BiobioChile, el tribunal de alzada acogió parcialmente la acción presentada por la parlamentaria y estableció restricciones para la revisión de los dispositivos. El Ministerio Público podrá acceder a los equipos, pero deberá hacerlo bajo determinadas condiciones y excluir del análisis la información que quede fuera de lo autorizado.
¿En qué se basó la decisión de la Corte?
Recordemos que la defensa había solicitado al tribunal que la revisión de las comunicaciones quedara restringida a determinados periodos, materias y personas. Sin embargo, el 12 de agosto, el Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó dicha petición, decisión que antecedió al pronunciamiento de la Corte.
Según lo resuelto entonces, no correspondía establecer nuevas restricciones, debido a que el ingreso, registro y decomiso de los dispositivos contaban previamente con autorización judicial, medida que además había sido ratificada por instancias superiores.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones puso el foco en la etapa posterior a la incautación de los dispositivos, considerando que el análisis de sus contenidos requiere una autorización y condiciones propias debido al amplio volumen de información que contienen.
La falta de una respuesta de fondo a lo solicitado por la defensa fue cuestionada por los ministros, quienes consideraron insuficiente el argumento de que el asunto ya había sido revisado. A su juicio, el Juzgado de Garantía debió fundamentar adecuadamente su decisión conforme al artículo 36 del Código Procesal Penal, en lugar de rechazar la cautela de garantías sin abordar sus planteamientos.
Teléfono celular, computadores personales e institucionales, notebooks, un iPhone y dispositivos que almacenaban correos electrónicos forman parte de los elementos incautados a Camila Flores. La diligencia llevó a la Corte a considerar el particular alcance que puede adquirir el acceso a información contenida en soportes digitales.
Fiscalía se encuentra con freno en las diligencias
Cabe destacar, que el Ministerio Público mantiene abiertas dos aristas relacionadas con Camila Flores. Una apunta a establecer si durante su periodo como diputada sus asesores debían entregar parte de sus remuneraciones provenientes del erario público. Mientras que la otra revisa antecedentes ligados al proyecto de reforma notarial y registral, además de una eventual conexión con Carlos Swett, quien encabeza la Asociación de Notarios y Conservadores.
La resolución adoptada este martes dejó los equipos incautados a disposición exclusiva de la Fiscalía Regional, que asumirá también su custodia. Para revisar su contenido, el Ministerio Público tendrá que informar al juez de garantía quiénes serán los funcionarios autorizados y cuáles serán los términos de búsqueda empleados.
Asimismo, quedó descartada la utilización de información que corresponda a un periodo previo a la primera elección parlamentaria de Flores, mientras que cualquier contenido ajeno a la investigación deberá ser excluido del examen.
Todo antecedente obtenido que exceda los límites fijados y carezca de relevancia criminalística deberá ser eliminado. La Fiscalía, además, tendrá que informar al tribunal el protocolo aplicado para realizar dicha eliminación y los funcionarios responsables del procedimiento.
