La controversia generada por la reforma constitucional contra el crimen organizado abrió este lunes en El Primer Café un debate sobre la estrategia empleada por el Gobierno y los límites que debe tener una respuesta estatal frente a la demanda ciudadana por mayor seguridad.
Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso.
“Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión”, afirmó.
Arqueros explicó que su lectura se basa en la rapidez con que La Moneda se abrió a discutir cambios y alternativas, después de las objeciones surgidas incluso desde el oficialismo.
“Yo no veo aquí un Gobierno con ánimo de hacer propuestas, más bien, o tener un horizonte claramente definido de propuestas iliberales o autoritarias. Yo no veo eso”, precisó.
Sin embargo, advirtió que presentar una iniciativa especialmente amplia para luego retroceder tiene costos políticos y puede alimentar la percepción de que existe improvisación en una materia sensible.
“Yo creo que de eso es de lo que más se tiene que cuidar el Gobierno”, señaló.
El riesgo de que la excepción se vuelva cotidiana
Arqueros también planteó que la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar restricciones en nombre de la seguridad, pero alertó sobre las consecuencias de convertir herramientas extraordinarias en respuestas permanentes.
“Cuando la excepción deviene cotidiana, así como ha ocurrido en La Araucanía, el riesgo de aquello finalmente puede banalizar el discurso del Gobierno, que es la emergencia”, sostuvo.
“La excepcionalidad se podría volver cotidiana como se planteó, al menos originalmente, esto”, añadió.
A su juicio, recurrir a una modificación constitucional ante cada problema considerado grave también puede terminar debilitando el argumento de la emergencia: “Finalmente podemos terminar hablándolo todo. Entonces la narrativa de la emergencia se vuelve vana”.
Depolo: Con seguridad “no se puede improvisar”
Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del “tejo pasado” y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa.
“Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta”, respondió.
“Con Seguridad no se puede improvisar, no se puede generar como la reacción emocional en la gente que legítimamente se siente atemorizada y ocupar eso como un botín de campaña o electoral o político e intentar con eso forzar una discusión en el Parlamento”, agregó.
Depolo sostuvo que “otra vez el Gobierno tomó la seguridad como campaña y no como política pública a ser dialogada, debatida, basada en evidencia”.
“El Gobierno se vuelve a enredar y al Presidente parece que no le importa, o sea, no le importa que sus ministros se contradigan en la prensa, no le importa que los ministros negocien presupuesto a través de los diarios, no le importa que haya evidentes contradicciones y que se pase por delante funciones críticas del Gobierno, particularmente la del ministro del Interior, que es el coordinador general del gabinete, y la del ministro Segpres, que es el que tiene la relación institucional con el Congreso”, remarcó.
El exembajador también abordó la tensión entre la popularidad de las medidas contra la delincuencia y sus eventuales costos institucionales. Ante la mención del modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador -país cuyo sistema penitenciario fue conocido por Kast antes de asumir la Presidencia-, Depolo llamó a considerar sus consecuencias.
“La pregunta es ¿a qué costo, no? Al costo de la democracia, al costo de la libertad”, planteó y agregó: “Por lo popular podemos perder muchas cosas que son relevantes”.
Ruz advierte una concentración excesiva del poder
Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas.
Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque “en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa”, sostuvo.
A su juicio, ese diseño “termina rompiendo el equilibrio clásico entre los poderes del Estado que sustenta, por así decirlo, la democracia liberal como la conocemos”.
Ruz también cuestionó que una ley orgánica constitucional pueda corregir posteriormente las facultades incorporadas en la Carta Fundamental.
“Cuando el poder se empieza a concentrar so pretexto de un tema que a todos obviamente nos preocupa, como el tema de seguridad, ahí hay un ‘téngase presente’ que yo creo que tenemos que tener ojo”, advirtió.
Ubilla pide una discusión más profunda
Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.
“Si vamos a avanzar en un estado de excepción nuevo, bueno, ¿por qué? ¿Qué elementos tienen los actuales estados de excepción que no recojan aquello que se requiere para combatir el crimen organizado?”, preguntó.
El exsubsecretario del Interior recordó que la medida forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y valoró que el Ejecutivo se haya abierto a revisar los plazos y contenidos de la reforma.
“Dado que el Gobierno se ha abierto a ampliar los plazos de discusión, que sea una reflexión un poquito más profunda”, pidió.
“Tenemos esta oportunidad para hacerlo bien, con alto consenso de todos los sectores políticos”, concluyó.
