El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de cuatro gendarmes de la cárcel de dicha comuna formalizados por los delitos de cohecho, asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos e ingreso de elementos ilícitos a un recinto carcelario.
Los funcionarios son acusados de formar parte una red criminal que operaba desde el 2021 e ingresaba drogas y elementos ilícitos al penal.
“La pluralidad de los delitos imputados, la altísima gravedad de las penas asignadas por ley -que en un total podrían arrojar sanciones en torno al presidio mayor en los grados medio a máximo- y el hecho de haber actuado en este caso en grupo o pandilla mediante el uso de funciones públicas, configuran un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad“, señaló la jueza Andrea Rojas.
La red criminal fue descubierta tras la denominada “Operación El Dorado”, encabezada por el Ministerio Público en conjunto a la PDI y Gendarmería, la que allanó la cárcel y cuatro domicilios en las regiones de Coquimbo, Biobío y Metropolitana, encontrando distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
De acuerdo a la investigación, las actividades ilícitas le permitieron a la banda generar ganancias calculadas en más de 223 millones de pesos, montos que movían a través de cuentas bancarias y eran utilizados para la adquisición de bienes con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
También se les decretó la prisión preventiva a otros dos civiles imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
“La ley 20.000 establece que el tráfico de drogas atenta de forma directa contra la salud pública. Mantener a las imputadas bajo arresto domiciliario en los mismos inmuebles donde funcionaban como centros de acopio y dosificación resulta del todo insuficiente para garantizar que no sigan operando como foco de abastecimiento para la red, como así respecto de otros consumidores”, señaló la jueza.
Igualmente, un quinto gendarme fue puesto en arresto domiciliario total al igual que otras ocho personas formalizadas, fijando un plazo de investigación de 120 días.
