El Juzgado de Garantía de Antofagasta se prepara para una jornada clave este martes a las 09:00 horas cuando resuelva un conflicto de competencia territorial que mantiene en vilo el avance de la arista ProCultura dentro del denominado “Caso Convenios”.
Esta decisión surge tras la formalización de Alberto Larraín y María Constanza Gómez por seis delitos de apropiación indebida.
Durante la audiencia de este lunes, el debate por las medidas cautelares quedó en pausa luego de que las defensas de los imputados solicitaran formalmente el traslado del proceso judicial a la ciudad de Santiago.
El abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, explicó que la base de su argumento reside en la propia descripción de los hechos realizada por el ente persecutor.
Según señaló Arias, “se planteó por las defensas la incompetencia territorial del juez de garantía de Antofagasta. Esa incompetencia se basa en lo que ha planteado el Ministerio Público. Está pendiente su resolución, de tal manera que no corresponde comentar nada mientras esto no esté resuelto. Los hechos, si fuesen ciertos, como delito me refiero, ocurren siempre en Santiago. El que el Ministerio Público formalice no significa que sea cierto lo que imputa, dice que eso es lo que tiene que comprobar. Bueno, si es así como plantea el Ministerio Público, entonces los hechos tuvieron lo que se denomina procesalmente principio de ejecución en la ciudad de Santiago”.
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se oponen tajantemente al traslado. El bloque acusador sostiene que la competencia corresponde a los tribunales de Antofagasta, dado que los recursos públicos involucrados en el caso fueron visados y transferidos desde el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta.
El resultado de la audiencia de este martes será determinante para el futuro procesal de los ejecutivos de la Fundación ProCultura. De confirmarse la competencia del tribunal nortino, la fiscalía ya adelantó que procederá de inmediato a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para Larraín y Gómez, argumentando la gravedad de los delitos de apropiación indebida que se les imputan.
